Citizen Kane: Uranio (Parte II)

Hablábamos hace exactamente una semana sobre la posibilidad del traslado de las “colas de mineral” de uranio, que se generan como consecuencia de la elaboración del dióxido de uranio, hacia su destino final, el Complejo Minero Fabril Los Gigantes.

Decíamos también de la oposición que la población de las localidades potencialmente afectadas por dicho traslado volvieron a manifestar.

Hoy, a exactamente siete días, somos testigos de un in crescendo respecto al total rechazo a la más mínima posibilidad de que se concrete dicha operación. Y es bajo estas circunstancias que observamos dos conflictos a los que se enfrenta la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Por un lado la necesidad de la Comisión de cumplir con la recomendación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), de dar una solución de remediación definitiva a la planta de Dioxitek S.A., de Alta Córdoba.

Reclamo y movilización vecinal aparte, es también la Defensoría del Pueblo de Córdoba, en la figura de su titular, la Dra. Jessica Valentini, quien ha tomado cartas en el asunto. Esta institución envió ya una nota formal al Jefe de la Regional Centro de la CNEA, Geól. Jorge Apesteguia a fin de, basándose en el “reclamo colectivo” presentado por los vecinos, conocer cuál es el plazo estipulado para el traslado del Complejo y la total reconversión del predio, cuál es el volúmen de generación de residuos, cuál el plan de mitigación ante posibles accidentes, entre otras tantas cosas.

Nótese que en dicha misiva, la Defensoría está hablando del “traslado” de Dioxitek S.A., opción que, a priori, la CNEA había descartado en el documento marco, debido a “la pérdida de fuentes de trabajo” que ello acarrearía, por lo que sólo se operaría el retiro de los residuos.

El otro conflicto que enfrenta la Comisión es directamente generado por el primero. La oposición de autoridades y ciudadanía en general de las localidades pertenecientes a la cuenca del Río Cajón y Malambo, afluentes también del San Antonio, ríos que se encuentran cercanos al Complejo Los Gigantes.

De estas localidades, la más activa, y activista, contra el posible traslado es Tanti, ciudad que se halla en la “puerta de entrada” al cordón montañoso Los Gigantes. Luego de los primeros encuentros informativos con sus pobladores sobre esta posible transferencia de residuos, le tocó el turno a la primera reunión intercomunal del sur de Punilla, a fin de dejar sentada una posición al respecto.

El resultado, tanto de una como otra, fue el esperado; la firme decisión de rechazar el depósito de los residuos del material de uranio, así como también exigir la total remediación del Complejo Los Gigantes para su posterior cierre definitivo.

Hay que tener en cuenta que esta localidad ha sancionado, y que se encuentra en vigencia, una Ordenanza que declara dicha población como “Zona No Nuclear”, dentro de la cual se estipula la prohibición de circulación de todo vehículo que transporte material, desechos radiactivos o sus derivados, en todo su éjido. Si, como dijimos más arriba. Tanti es la “puerta de entrada” a los Gigantes, lo es porque la ruta provincial 38 lo atraviesa.

Llegado a este punto cabe preguntarnos si es factible la oposición de la autoridades al paso de tales camiones por una ruta que es provincial. A primera vista se podría alegar que no es legal, pero también hay que tener en cuenta la fuerza que le puede imprimir a esta decisión la actitud de todo un pueblo ante tal desafío.

Porque, es a partir de ello donde debe comenzarse con el análisis. No son solo las autoridades, quizá más cautas para tomar decisiones, sino la ciudadanía quien está convencida de llevar adelante tales actitudes. Esto es así, a punto tal de que existen ejemplos radicales entre quienes se oponen, pero muy válidos para quien lleva a delante la acción, de llegar a arrojarse delante de los vehículos que transporten los residuos, si con ello se impide la concreción del traslado definitivo.

¿Qué hacer?. ¿Cómo calificar este hecho de actitud desmesurada si, atendiendo a que las negociaciones entre la CNEA y el Banco Mundial para realizar la remediación del predio de Dioxitek, fueron conocidas a través de una denuncia y la posterior actitud de la prensa?. ¿Cómo convencer a la población de que esto no acarrea ningún peligro si la actitud de la Comisión fue la de cuasi ocultamiento de dichos planes?

La CNEA sigue sosteniendo que la deposición de los residuos no acarreará ningún efecto nocivo para el medio ambiente. Del otro lado están los ciudadanos que, como dice la carta enviada al presidente de la CNEA, sienten que “tal iniciativa (los) ubica en (una) situación de padecimiento, que no merecen semejante flagelo, pues han apostado...a la construcción de su familia...en un ambiente serrano digno de disfrutar...sin riesgos potenciales para la salud, y normal desarrollo de generaciones futuras”.

Nota madre: Uranio