Seguridad - Inseguridad
Cuando hablamos de inseguridad, o de la falta de seguridad, enseguida nos referimos a las cifras. Números que nos dicen cuántos asaltos se consumaron, cuántas víctimas fatales en ocasión de robos hubo, cuántos autos fueron sustraídos.
Si de números hablamos ellos nos dicen que en la Provincia de Córdoba se cometieron durante el mes de junio 6214 delitos, 207 por día, dando como saldo 19 víctimas fatales en ocasión de robo, de las cuales ocho estuvieron del lado de los delincuentes. Sin duda que el problema de la inseguridad posee varios ángulos desde los cuales debe ser abordado.
Político
Este es el plano desde el que se deben brindar las soluciones. Es el ámbito desde el cual se deben tomar las decisiones a fin de evitar que se cometan los hechos. También, sabemos, que es un ámbito que generalmente responde por espasmos, atendiendo el problema cuando la sociedad así lo reclama.
La sociedad pide mano dura, entonces se aumentan las penas, se restringe la posibilidad de que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, o se pretenda bajar la edad de imputabilidad penal. Claro que esto tiene también sus costos.
Sólo por dar un ejemplo, y según las cifras disponibles, el 80% de las personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires lo están con prisión preventiva y sin condena, y de acuerdo a estas mismas estadísticas, entre el 25 y el 28% de las mismas son absueltas luego de realizado el juicio. Mientras tanto, se encuentran hacinados en cárceles no preparadas para una superpoblación del 50%. Verdaderos centros de reproducción de la violencia y la marginalidad, creadora de resentidos sociales a quienes el Estado privó de casi toda asistencia dentro de ellas.
En cuanto a los menores, si esas mismas cárceles, verdaderos gulags, son insoportables para los mayores, qué consecuencias tendrán para un adolescente de quince, dieciséis o diecisiete años. Por otro lado, tengamos en cuenta que dentro de los mismos institutos para menores, los “reformatorios”, se encuentran actualmente en contacto aquellos internos con causas penales, con quienes están allí “gracias” a la Ley de Patronato sancionada a principios del siglo pasado, verdadero castigo a la pobreza, ya que quienes están bajo ella son aquellos menores con problemas familiares que no tienen posibilidades de estar bajo la guarda de nadie.
También es el poder político quien debe controlar los excesos y los delitos que cometen algunos de los efectivos policiales. Sin embargo esto es casi imposible mientras no propenda a la democratización de la Fuerza, haciendo posible la denuncia a aquellos efectivos que no cumplan correctamente sus tareas, mediante la simplificación de los procedimientos para realizarlas. O la imposibilidad que tienen sus efectivos de reclamar ante las autoridades por lo que creen justo. Un policía que no tenga derechos difícilmente valore los derechos del que gozan los demás.
Judicial
Poder encargado de la investigación de los delitos cometidos. Es aquí donde el sistema colapsa. Gran cantidad de causas, falta de funcionarios, carencia de infraestructura acorde, deviene en una cuasi falta de justicia para aquellos que no poseen los medios económicos para costear un buen abogado que esté abocado a acelerar los procesos.
Es aquí donde la investigación y resolución de gran cantidad de pequeños procesos, que con una reforma en los códigos podrían resolverse de forma más simple, traba la investigación de causas de gran magnitud, en las cuales se encuentran cantidad de imputados, verdaderos beneficiarios del delito común, pero que por cuestiones “infraestructurales” rara vez son llevados a proceso.
El ladrón de gallinas es encarcelado, los integrantes de las grandes organizaciones delictivas, verdaderos responsables y beneficiarios de los pequeños delitos, son difíciles de hallar ante la imposibilidad de contar con personal investigativo.
Social
La estigmatización de la pobreza, del excluido, por parte de los incluidos, lleva a la generalizada opinión de que son los primeros los únicos responsables del delito. Estigmatización que, por ser parte de la sociedad, también gana las mentes de la policía. O acaso se organiza alguna reunión de seguridad en algún barrio periférico? Es que allí no hay delito, o se considera que todos sus habitantes son delincuentes?
Esta separación entre quienes pretenden mantener por la fuerza la no interferencia en sus derechos (principalmente el de propiedad) por parte de quienes no gozan de ellos es lo que nos está llevando hacia una sociedad dual: incluidos-excluídos, nosotros-los otros; paradigma que conduce indefectiblemente a la pérdida de confianza en el otro, en el quiebre de los lazos sociales que nos unen en una misma ciudad, en la desconfianza mutua, en definitiva en el individualismo puro.
Es sin duda ineludible el peticionar ante las autoridades por la resolución de los problemas de seguridad. Es también necesario reclamar por una policía que proteja nuestros bienes, pero también lo es que salvaguarden nuestros derechos y que no queden éstos en un segundo plano ante la apelación a un exclusivo uso de la fuerza.
Pero sin dudas es necesario una sociedad que trate de buscar soluciones que partan desde la ciudadanía en su conjunto. Soluciones encontradas entre todos, en un ámbito democrático y sin estigmatizaciones.Que se pida que el ladrón de gallinas sea encarcelado, puede ser algo normal, pero que también recaiga todo el peso de la ley sobre el político corrupto, el comisario implicado en delitos, o el hampón con un afamado estudio jurídico que trabaje para él.
Si de números hablamos ellos nos dicen que en la Provincia de Córdoba se cometieron durante el mes de junio 6214 delitos, 207 por día, dando como saldo 19 víctimas fatales en ocasión de robo, de las cuales ocho estuvieron del lado de los delincuentes. Sin duda que el problema de la inseguridad posee varios ángulos desde los cuales debe ser abordado.
Político
Este es el plano desde el que se deben brindar las soluciones. Es el ámbito desde el cual se deben tomar las decisiones a fin de evitar que se cometan los hechos. También, sabemos, que es un ámbito que generalmente responde por espasmos, atendiendo el problema cuando la sociedad así lo reclama.
La sociedad pide mano dura, entonces se aumentan las penas, se restringe la posibilidad de que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, o se pretenda bajar la edad de imputabilidad penal. Claro que esto tiene también sus costos.
Sólo por dar un ejemplo, y según las cifras disponibles, el 80% de las personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires lo están con prisión preventiva y sin condena, y de acuerdo a estas mismas estadísticas, entre el 25 y el 28% de las mismas son absueltas luego de realizado el juicio. Mientras tanto, se encuentran hacinados en cárceles no preparadas para una superpoblación del 50%. Verdaderos centros de reproducción de la violencia y la marginalidad, creadora de resentidos sociales a quienes el Estado privó de casi toda asistencia dentro de ellas.
En cuanto a los menores, si esas mismas cárceles, verdaderos gulags, son insoportables para los mayores, qué consecuencias tendrán para un adolescente de quince, dieciséis o diecisiete años. Por otro lado, tengamos en cuenta que dentro de los mismos institutos para menores, los “reformatorios”, se encuentran actualmente en contacto aquellos internos con causas penales, con quienes están allí “gracias” a la Ley de Patronato sancionada a principios del siglo pasado, verdadero castigo a la pobreza, ya que quienes están bajo ella son aquellos menores con problemas familiares que no tienen posibilidades de estar bajo la guarda de nadie.
También es el poder político quien debe controlar los excesos y los delitos que cometen algunos de los efectivos policiales. Sin embargo esto es casi imposible mientras no propenda a la democratización de la Fuerza, haciendo posible la denuncia a aquellos efectivos que no cumplan correctamente sus tareas, mediante la simplificación de los procedimientos para realizarlas. O la imposibilidad que tienen sus efectivos de reclamar ante las autoridades por lo que creen justo. Un policía que no tenga derechos difícilmente valore los derechos del que gozan los demás.
Judicial
Poder encargado de la investigación de los delitos cometidos. Es aquí donde el sistema colapsa. Gran cantidad de causas, falta de funcionarios, carencia de infraestructura acorde, deviene en una cuasi falta de justicia para aquellos que no poseen los medios económicos para costear un buen abogado que esté abocado a acelerar los procesos.
Es aquí donde la investigación y resolución de gran cantidad de pequeños procesos, que con una reforma en los códigos podrían resolverse de forma más simple, traba la investigación de causas de gran magnitud, en las cuales se encuentran cantidad de imputados, verdaderos beneficiarios del delito común, pero que por cuestiones “infraestructurales” rara vez son llevados a proceso.
El ladrón de gallinas es encarcelado, los integrantes de las grandes organizaciones delictivas, verdaderos responsables y beneficiarios de los pequeños delitos, son difíciles de hallar ante la imposibilidad de contar con personal investigativo.
Social
La estigmatización de la pobreza, del excluido, por parte de los incluidos, lleva a la generalizada opinión de que son los primeros los únicos responsables del delito. Estigmatización que, por ser parte de la sociedad, también gana las mentes de la policía. O acaso se organiza alguna reunión de seguridad en algún barrio periférico? Es que allí no hay delito, o se considera que todos sus habitantes son delincuentes?
Esta separación entre quienes pretenden mantener por la fuerza la no interferencia en sus derechos (principalmente el de propiedad) por parte de quienes no gozan de ellos es lo que nos está llevando hacia una sociedad dual: incluidos-excluídos, nosotros-los otros; paradigma que conduce indefectiblemente a la pérdida de confianza en el otro, en el quiebre de los lazos sociales que nos unen en una misma ciudad, en la desconfianza mutua, en definitiva en el individualismo puro.
Es sin duda ineludible el peticionar ante las autoridades por la resolución de los problemas de seguridad. Es también necesario reclamar por una policía que proteja nuestros bienes, pero también lo es que salvaguarden nuestros derechos y que no queden éstos en un segundo plano ante la apelación a un exclusivo uso de la fuerza.
Pero sin dudas es necesario una sociedad que trate de buscar soluciones que partan desde la ciudadanía en su conjunto. Soluciones encontradas entre todos, en un ámbito democrático y sin estigmatizaciones.Que se pida que el ladrón de gallinas sea encarcelado, puede ser algo normal, pero que también recaiga todo el peso de la ley sobre el político corrupto, el comisario implicado en delitos, o el hampón con un afamado estudio jurídico que trabaje para él.
Para un análisis más amplio ver http://www.cels.org.ar/Site_cels/index.html
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