Política, Políticos y Ciudadanos

Estamos ya viviendo el último trimestre de este 2006. Luego llegará el turno de un nuevo año y con él una nueva disyuntiva, una nueva esperanza, y, por qué no, en algún caso, una nueva frustración. Porque de política estamos hablando, y el 2007 se presenta, como cada cuatro años, por lo menos desde 1995, como un período de 12 meses de los cuales por lo menos 9 estarán dedicados a la labor electoral, con todo lo que ello significa.

Muchos ya están haciendo números, algunos están contratando encuestas que midan intenciones de voto, imagen positiva, nivel de conocimiento, etc, etc, de quienes las pagan, o sus candidatos, y de sus posibles contrincantes. Ya se oyen y leen propuestas; asistimos también, a través de ese ring virtual que es la televisión, a las peleas más encarnizadas entre contrincantes-enemigos en la política, que, dando vuelta la expresión de Karl von Clausewitz, se transformó en “la continuación de la guerra por otros medios”, y ha dejado de ser “el arte de lo posible”. Constatación ésta que se verifica tanto si hablamos a nivel nacional, provincial o local.

Ahora bien, cualquier candidato que se postule para algún cargo electivo ofrece al electorado una cantidad de propuestas que, según él, son la base de su programa político que llevará adelante si es elegido por la voluntad popular. Sin embargo, nadie esgrime como razón principal de su postulación el pretender que la población viva mejor en sus tres puntos principales a la vez, educación, salud y seguridad. Tampoco está en su ánimo el mediar entre los poderes del dinero y el bienestar general, en definitiva, balancear las cargas entre los más poderosos y los más débiles, ya que si así fuera, un indicador tan simple como el que se refiere a la brecha entre quienes se encuentran en la cima de la pirámide social y quienes se hallan en la base debería haber tendido a achicarse. Ni qué hablar de la participación de unos y otros del PBI nacional.

Sin dudas la democracia no se honra con solo votar cada vez que se llama a elecciones, como así tampoco con la simple alternancia en el poder, que muchas veces no existe. Con eso no alcanza.

La política, como dice el filósofo italiano Roberto Espósito, más que nunca se ha transformado en biopolítica, ya que está íntimamente ligada a la vida, biológicamente hablando. Es el Estado quien, a partir de la modernidad, es un actor insustituible en lo que hace al mantenimiento de la vida de su pueblo. Es a través de él que la vida se mantiene y se reproduce en las mejores condiciones posibles gracias a las políticas de sanidad, reproductivas, demográficas y de bienestar social.

Todo esto es posible gracias al “contrato” implícitamente firmado por los ciudadanos-electores con aquellos que se ocupan de los asuntos del Estado. Es ese contrato mediante el cual “el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes” (Art. Nº 22 de la Constitución Nacional). A partir de allí, el pueblo resigna su soberanía en lo que hace al gobierno, en favor de los políticos, con la exigencia de que éstos a través de los mecanismos del Estado se encarguen de su defensa y bienestar.

Es ante el incumplimiento cada vez más generalizado de estos presupuestos que surge la llamada crisis política que afecta a las democracias parlamentarias occidentales. Se desencadena entonces la crítica cada vez más fuerte hacia la política, los políticos y el sistema democrático en general. Aparece la “crisis de representatividad” por la cual los ciudadanos no se sienten “representados” por la clase política.

Sin embargo los “políticos” como tales, surgen de entre esa ciudadanía que los vota. Su trabajo consiste en representar. Representar significa “ser imagen o símbolo de algo” en este caso “ser la imagen” de sus representados, en definitiva, del pueblo de donde surgió.

Entonces, cuando el pueblo es re-presentado, cuando a éste se le vuelve “presente” su propia imagen reflejada en el otro (el político), es cuando sale a la luz esta crisis, ya que esa imagen no le es agradable, porque ella le devuelve algo que el ciudadano no está dispuesto a ver. Exige un cambio de conducta de parte de quienes conducen los gobiernos, sin preocuparse por escrutar su propia conducta, su propia actitud ante él y ante la sociedad en general.

Espósito dice que se hace necesario el cambio mediante el cual se pase de una “vida sometida a la dirección de la política” a “introducir en la política la potencia de la vida”. Se hace necesario, entonces, el repensar nuevas formas de interrelación social entre quienes hacen y participan de la Nación. Nuevas formas de relaciones que incluyan a todos los actores, mediante las cuales se haga visible que la existencia del “otro” es necesaria para la mía propia. Sólo de esta manera podrá surgir una nueva generación de políticos que representen a sus ciudadanos, porque la imagen que de sí misma tendrá la sociedad reflejará la inclusión, la solidaridad y el bien común.

Sobre Roberto Esposito aqui: Hechos e Interpretaciones

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Perón, fútbol y barrabravas

Esta última semana, dos hechos que acapararon la atención de prácticamente todos los medios periodísticos nacionales, aunque quizás no tanto de la opinión pública, rozaron al tres veces presidente Teniente General Juan Domingo Perón. En uno directamente a su figura, a su cuerpo, y al instaurado “Día de la Lealtad Peronista”. El segundo sólo a su nombre.

El primero se desarrolló el pasado 17 de octubre, que en el almanaque de todo peronista practicante, indica el día en el cual, hace ya 61 años, el entonces Coronel Perón es dejado en libertad, movilización popular mediante, luego de pasar algunos días detenido en la Isla Martín García por obra de su compañero de armas, General Edelmiro Farrell, otrora Presidente de la República luego de la asonada militar del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) contra el Presidente Castillo.

Este último 17 debía ser distinto a todos los que se conmemoraron luego de la muerte del General, ya que se trasladaban sus restos mortales a su última morada, la quinta de San Vicente, lugar donde, en vida, Perón había hecho pública su voluntad de que sea allí dónde su cuerpo reposara. Distinto porque, de acuerdo a los organizadores, el acto que se llevaría a cabo en la quinta, debía estar signado por el respeto y emoción. No pudo ser.

Fiel a su estilo, los “muchachos” de la CGT intentaron saldar sus cuentas a los tiros. Una vez más, como en 1996, se enfrentaron el sindicato de la construcción (UOCRA) con el de camioneros. Es que hay varios jefes de los sindicatos que creen que el tiempo de Moyano al frente de Confederación ya pasó, y qué mejor que un acto peronista para demostrar a los “compañeros” que el “jefe” no pudo organizar como se debía. Muchos creyeron ver allí la sombra de la “masacre de Ezeiza”. Sin embargo, la semejanza lo emparenta más con la eliminación de Augusto Timoteo Vandor, el “Lobo”. Pareció más un reacomodamiento de fuerzas dentro de la Central Obrera, que de una lucha entre dos ideologías contrapuestas.

El segundo acontecimiento de la semana no tuvo que ver con la política, por lo menos no directamente, sino con el deporte. Y es que finalmente el partido que tenían que disputar los equipos de Racing Club y Boca Juniors no pudo ser. El partido que debía jugarse en el Estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda no se llevó a cabo por decisión del Ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. Esto como consecuencia de que el juez Raúl Calvente hizo lugar al recurso de amparo presentado por Rafael Di Zeo (jefe de “La 12”, barrabrava de Boca) y otros trece integrantes de la misma para que pudieran ingresar al “Cilindro” de Avellaneda.

Pongamos las cosas en orden para entender el asunto. Primero digamos que la quinta de San Vicente se halla en jurisdicción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fuerza que, desbordada o no, no impidió los hechos registrados allí. Segundo, el partido debía jugarse en esa misma jurisdicción, la Provincia, por lo que a simple vista puede interpretarse que la estrategia de Arslanian fue la de “curarse en salud”, y no arriesgarse a un desborde de las hinchadas que oscurezca aún más el panorama; además de evitar que se ejecute el amparo sobre el cual el Ministro no estaba de acuerdo.

Vayamos un poco más allá. Podemos decir, además, que los dos hechos también tienen otras coincidencias: la ciudad de Avellaneda y el fútbol. Resulta que Emilio Quiroz, quien saltó a la fama por ser quien efectuó los disparos el 17 de octubre pertenece a una de las barras del Club Atlético Independiente, entidad de la cual Pablo Moyano, hijo de Hugo, aspira ser el próximo presidente. Un dato para entender: Luis Barrionuevo, líder gastronómico y diputado por Catamarca, a la sazón uno de los impulsores del reemplazo de Moyano en la CGT, es padrino político de Julio Comparada, actual timonel de los destinos del “rojo” de Avellaneda, por lo que el enfrentamiento entre Luis y Hugo se balancea entre el sindicalismo e Independiente. Y la idea es impedir su poder en ambos lugares.

Párrafo aparte merece la resolución del juez Calvente. Como dijimos, el magistrado interpretó que debía hacer lugar al amparo presentado por los miembros de la barra de Boca por discriminación, ante la firme posición del club de Avellaneda de aplicar el “derecho de admisión”. El juez interpretó a pie juntillas la letra de la Constitución Nacional que indica que si el acusado no tiene sentencia firme en la causa que se le sigue (Di Zeo) se lo considera inocente. Eso sí, deben ver el partido rodeados de una “guardia personal” compuesta por policías. El juez sabe que son violentos, que pueden generar desmanes, pero pueden asistir a la cancha.

Volviendo al tema principal, como vemos la historia de nuestro país en los últimos 60 años fue signada por: Perón, el peronismo, con y sin su líder, la CGT, la burocracia sindical, el fútbol y los tiros como arma para la resolución y definición de cuestiones políticas. Y por lo que parece seguirá siendo así por largo tiempo.

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Concejo

“Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra someto el proyecto a votación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar su mano...” Ésta es la fórmula que, una sesión tras otra, escuchamos de parte del presidente del Concejo Deliberante toda vez que se agota la discusión ante el tratamiento que todos los proyectos de ordenanza tienen en dicho cuerpo legislativo.

Si los debates que allí ocurren sirven para algo, es “agua de otro pozo”. Lo cierto es que muy pocas veces logran cambiar la posición que un determinado concejal tiene asumida desde antes de ingresar al recinto, y si se logra ese cometido es gracias a alguna “chicana” utilizada por otro, y sólo cuando hay un numeroso público presente.

Es de destacar que si se producen estos largos, y hasta agotadores debates, que en sí mismos no son malos, al contrario, es porque la única comisión que funciona es la General, que, como su nombre lo indica, está compuesta por todos los miembros del Legislativo. Allí, la discusión sobre tal o cual proyecto no se agota, o eso parece, porque en el recinto son expuestos los mismos argumentos, con el consiguiente lucimiento “para la tribuna” de quienes mejor manejan la oratoria.

Ahora bien, luego de todo este proceso que media entre la elaboración del proyecto de ordenanza y su sanción final, más la promulgación por parte del departamento Ejecutivo, si es que no es vetada, mecanismo muy utilizado últimamente, se supone que la norma entra en vigencia. Pero he aquí que no todas podrán aplicarse tal como están, o no se aplican por falta de...ganas.

Esta última semana sucedió algo de eso. De acuerdo a la Ordenanza 4668, que tiene relación con los seguros que deben contratar los vehículos de paseos turísticos, que “algún día” serán finalmente adjudicados por licitación, su primer artículo rezaba así: “Los vehículos afectados al Servicio de Circuitos para Paseos Turísticos deberán contar obligatoriamente con un seguro que cubra los riesgos de muerte, lesiones y daños materiales de pasajeros, terceros transportados y terceros no transportados. El seguro para los pasajeros y terceros transportados, deberán brindar cobertura aún cuando los mismos no se encuentren dentro del vehículo, en ese caso siempre durante todo el recorrido y tiempo del mismo”. Allí, a simple vista, no habría nada extraño. Sin embargo, si se lee con atención surge una curiosidad, a saber “El seguro... deberá brindar cobertura aún cuando los mismos (los pasajeros) no se encuentren dentro del vehículo”, lo que interpretado por un productor de seguros, o quien tenga la responsabilidad desde el municipio de controlar que se cumpla lo que efectivamente se pide, se entiende que cualquier pasajero que baje del vehículo, aunque más no sea para ir al baño en alguna de las tantas paradas en el recorrido y sufra algún accidente, el mismo deba ser cubierto por el seguro contratado por el propietario del transporte.

En esto hay un detalle, ese tipo de cobertura para estos vehículos no existe. Consecuencia: modificación del artículo de la ordenanza. La pregunta que cabe hacer en este punto es, para evitar sancionar y luego modificar la norma por inaplicable, ¿no es más simple asegurarse que lo que se exige pueda ser cumplido? En este caso con dos o tres llamados telefónicos se hubiera solucionado.

Otros de los casos es el de no aplicar la norma sancionada. Uno de los ejemplos es el de los vehículos de gran porte, Ordenanza 4325. en su artículo primero dice: “Se prohíbe en el radio del Municipio de Villa Carlos Paz, el estacionamiento en la vía pública de vehículos de gran porte”. Es indudable y constatable que no se cumple. Cuántos de estos vehículos pueden observarse estacionados en las cercanías de los hoteles de nuestra Villa, sobre calles barriales, que ni por asomo están preparadas para ello.

El espíritu de esta ordenanza era que estos colectivos fueran al predio donde las grúas se llevaban los autos en infracción. Por ello en su articulado se lee: “los cuales deberán dirigirse a su estacionamiento en el o los espacios que el Departamento Ejecutivo designe a tal fin, donde deberán permanecer hasta su regreso al lugar de origen”. Esto nunca se cumplió dado que este predio está ubicado a una considerable distancia del centro, y no hay ninguna empresa local que esté dispuesta a cubrir el servicio de traslado para los choferes y pasajeros. Aunque tampoco se preocupó por hacer algo al respecto. La ordenanza está pero no se insiste demasiado, ni por cumplirla, ni por preguntar por qué no se cumple.

Un último ejemplo, y no porque no haya más, sino por razones de espacio. La Ordenanza 4454, que se refiere a la relocalización de las antenas de telefonía celular, la cual, en su artículo segundo, estipula: “En virtud de la aplicación del ‘principio de precaución o prevención’, las instalaciones a las que se refiere el Artículo 1º deberán guardar una distancia mínima de doscientos (200) metros respecto de cualquier asentamiento urbano permanente, sea éste individual o colectivo, área que deberá mantenerse libre de ocupación”. Y da un plazo para que se cumpla con ello: “se otorga un plazo de noventa ( 90 ) días para la relocalización de las instalaciones existentes emplazadas en el ejido municipal.- Cumplido este plazo caducarán las autorizaciones vigentes”. La norma fue sancionada el primer día de julio del año pasado, o sea que, de acuerdo a lo estipulado las antenas estarían funcionando con las autorizaciones vencidas.

¿Se acordarán los concejales de esto? Por las dudas nadie pregunta qué pasó.

Ordenanzas imposibles de cumplir, otras que no se aplican, nadie que se interrogue al respecto. En esto, la principal responsabilidad le cabe al Concejo Deliberante, porque para qué se sancionan entonces la ordenanzas, para qué invertir tiempo, esfuerzo y recursos para aprobar algo que luego se transforma en letra muerta. Sin lugar a dudas que es un llamado de atención, sin que por ello se le haga el juego a quienes pretenden eliminar el Concejo, que, si bien esta opción existe (Gobierno de Comisión, por ejemplo), se estaría cercenando a la población uno de los principales canales ante el cual reclamar.

Queda a juicio de los representantes del pueblo el revalorizar su propio trabajo, una labor necesaria e insustituible, pero que, a juicio de algunos, ineficiente en muchos aspectos. Preocuparse y ocuparse por defender su trabajo es algo que debería comenzar a darse dentro del Concejo lo antes posible.

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Accidentes

La última semana pudimos ver en la prensa gráfica títulos como el siguiente: “El drama del tránsito: Tres jóvenes muertos en cuatro días”. El drama del tránsito; mejor se podría describir como: “La imprudencia que no perdona”.

Desde el pasado 21 de setiembre, y pongo esta fecha por la secuencia de accidentes fatales en un lapso muy corto, tres jóvenes perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, además, y de la misma forma tan lamentable y dramático como los anteriores, también la de un adulto.

Hablamos de “accidente” cuya acepción, de acuerdo a la Real Academia Española, es “cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su esencia o naturaleza”. Es cierto un “accidente” es algo ajeno a la naturaleza misma del tránsito de vehículos o personas por la vía pública, sin embargo, estamos viendo que la imprudencia resulta no ser tan ajena a la naturaleza humana.

Todos nos rasgamos las vestiduras cuando suceden estos hechos, o, más precisamente, cuando están circunscriptos a un período corto de tiempo. Porque, a pesar de que los muertos se cuentan todos los días, sucede que la espectacularidad y la cobertura mediática es mayor cuando el promedio de fallecidos por siniestro, o en el tiempo, es más alto. Y es en ese momento cuando las autoridades toman conciencia, o no.

En nuestro país, de acuerdo a datos del período 2003-2004 la cantidad de muertos en un año se eleva a casi once mil, lo que hace un número de treinta fallecidos por día, tanto en rutas como en calles. De esa forma, nuestro país encabeza la lista de los países de América con mayor cantidad de muertes por cada cien mil habitantes (28,98), seguido por México (24,88). Mucho más lejos se encuentra Estados Unidos (14,53) pero con una diferencia, el país de norte posee un vehículo por cada 1,24 habitantes, mientras que nuestro país posee uno por cada 5,17. Todo esto hace que las pérdidas económicas a raíz de estos siniestros sumen, en la Argentina, unos 10 mil millones de dólares por año.

Y, ¿qué hace el Estado? No mucho. Muchos aducen que el problema es estrictamente individual, que el Estado no es el perjudicado, ni tampoco tiene que volcar más recursos, léase económicos, ante esta situación. La cifra más arriba expresada es todo un símbolo en cuanto a las pérdidas. Diez mil millones de dólares por año que incluyen los recursos dispuestos por la Salud Pública para atender las emergencias, la pérdida de productividad en cuanto a heridos temporarios y con secuelas permanentes, atención, y muchas veces pensiones, que debe disponer para mitigar las diferentes discapacidades de los implicados en los siniestros, etc. Entonces, el Estado es el directamente afectado, y es por ello que debe contribuir a la prevención.

Se escuchó esta semana a quien dijo que no se puede poner un inspector de tránsito en cada esquina, ni en cada calle o ruta durante las 24 horas. Es cierto, pero si tenemos en cuenta que, de acuerdo a los mapas de la accidentología que cada municipio diagrama, o debería hacerlo, es de esperar que en esas arterias “calientes”, sí se cuente con medidas de disuasión para quien infringe las leyes. Por otro lado, también es sabido por diferentes estudios, que la mayor cantidad de accidentes con muertos, en su mayoría jóvenes, se dan en ciertos días y horarios, como por ejemplo, los domingos de cero a seis horas.

Entonces, los controles de alcoholemia, ¿dónde están? En Villa Carlos Paz se dio una experiencia que, de acuerdo a quienes la implementaron, se obtuvieron muy buenos resultados. Fue durante la intendencia del Dr. Eduardo Conde que se efectuaron estos controles dentro de nuestro ejido. Luego, las siguientes administraciones municipales alegaron que éstos espantaban a quienes venían de la Ciudad de Córdoba los sábados a la noche, y dejaron de realizarse. Lo interesante es que en la capital de la provincia éstos controles se llevan a cabo todos los fines de semana. Ello, sin embargo, no causa el efecto de beneficiar a nuestra ciudad, atrayendo a los jóvenes para que vengan a disfrutar de una salida nocturna a Villa Carlos Paz, sin controles de alcoholemia. Quizás alguien se dé cuenta que el problema es la oferta.

Por otro lado, los controles aleatorios durante la semana ya no son moneda corriente, sino esporádicos. Teniendo en cuenta que el hecho de no llevar el casco colocado incrementa exponencialmente el riesgo de muerte del motociclista ante una caída, se hacen necesarios estos controles. Ni qué hablar de los delivery, pseudos corredores de un Gran Premio en sus motos de entre 100 y 200 centímetros cúbicos. ¿Se los controla?

Con respecto a este punto, desde el Concejo Deliberante surgió la idea de que quien inscriba o transfiera un motovehículo debe también presentar la factura de adquisición del casco. Buena iniciativa pero, ¿quién constata que lo lleven puesto cuando recorren nuestras calles?

Se aduce, desde la población, que los operativos son al sólo efecto de “recaudar”. Pues bien, es factible entonces que se adecuen la ordenanzas para que, ante una falta que no sea grave, la pena en lugar de ser pecuniaria, sea la de obligar al infractor a tomar un curso de educación vial, o en ese estilo.

Por supuesto que a la vez de ser los principales culpables, automovilistas y transeúntes, son también víctimas de este estado de cosas. Los conductores que no respetan las normas son seguidos por los peatones que tampoco cuidan de su integridad física al cruzar la acera, ni al transitar por las calles en lugar de hacerlo por las veredas. No se sabe conducir, pero tampoco caminar, ni circular en bicicleta.

Todo esto implica que se haga necesaria una reestructuración de todo el sistema. Con claridad, inteligencia e imaginación, por parte de todos los actores implicados en esta problemática. Está bien que desde el Concejo Deliberante se investigue tal o cual gasto, pero también se deben dictar normas apelando a la imaginación y a la realidad que nos toca vivir. Es correcto que se embellezca la ciudad, pero también se hace necesario que se dote a las diferentes áreas de la cantidad de personal necesario para realizar los controles.

También es real que muchas veces estamos apurados, cortos de tiempo, pero la diferencia entre llegar en hora o diez minutos tarde está en que muchas veces no se llegue nunca. Es bueno el esparcimiento de un sábado por la noche, pero el alcohol no es sinónimo de diversión, aunque muchas veces sí lo es de no volver al hogar.

Ideas, imaginación, responsabilidad, no son sólo palabras, deben ser actitudes ante este dramático estado de cosas.

Más información: Luchemos por la Vida, ISEV

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